KRADIARIO

Minería

¿QUÉ HACER CON EL LITIO?

Por Hugo Latorre Fuenzalida

Chile, país extremo no sólo en su geografía sino en sus posturas ideológicas y en su porfiada resistencia a los cambios  de paradigma, porque su elite política ha creído que el país puede estacionarse en un puerto por largo tiempo sin deteriorar sus capacidades de navegar nuevamente y sin perder capacidad competitiva ante otros que sí avanzan creando nuevas rutas y copando nuevos espacios.

Así hemos actuado frente a la riqueza minera que pertenece a todos los chilenos, dejando un desastre de pérdidas inconmensurables y demenciales, desde cualquier punto de vista, menos desde el de nuestra dirigencia.

Ahora tenemos un mineral que viene a sustituir la gloria que un día tuvo el salitre y también el que después hemos malogrado de peor forma, como ha sido con el cobre. La promesa es grande y la historia de tratativas con las compañías extranjeras ha sido deplorablemente perdedora, desde siempre.

Ahora que Michelle Bachelet hace una nueva concesión sobre este mineral a una compañía americana, Rockwood, que viene operando desde los años 80, pero que intensificará la explotación del litio en el norte de Chile, con una inversión de 400 millones de dólares y un royalty  de 70 millones de dólares anuales, pero con una fórmula de tributación que se desconoce, aunque se asegura una supervisión externa, define un territorio que avanza unos tímidos pasos pero deja las cosas, en el fondo, sin las certezas de que Chile aprendió la lección desastrosa del cobre.

El problema tributario no ha estado en las empresas extranjeras, que vinieron a Chile a hacer lo que todas las transnacionales del mundo hacen, cuando se los permiten: maximizar sus utilidades, a costa de quién sea. Esa es su tarea y en Chile la culpable fue la legislación que se les otorgó para invertir: decreto ley 600 y Ley Piñera.

Se dice que ahora el contrato obliga, si el Estado chileno lo demanda, incorporar valor agregado a la explotación del Litio y dejar una reserva para la explotación nacional. Bien, pero la política chilena respecto a este tema ha sido de “dejar hacer y dejar pasar” y  nada  asegura que vaya a cambiar ahora, pues Chile carece de política industrializadora y menos si se trata de una iniciativa del Estado, puesto que todo el liderazgo actual, es decir el duopolio en el poder, es fóbico de los emprendimientos estatales.

La ley de inversión minera está hecha para la elusión tributaria y para maximizar las utilidades del extranjero (también de los mineros grandes nacionales, que tampoco pagan impuestos). Si esa ley no cambia, nada se saca con la supervisión independiente, puesto que no actúan de manera ilegal; todo lo hacen porque Chile se los autoriza, y lo que no lo autoriza, tampoco tiene la voluntad de fiscalizarlo; es cosa de consultarlo a Aduanas, al Banco Central o al Servicio de Impuestos Internos.

Este contrato con Rockwood es ocioso respecto a los compromisos de agregar valor si no queda establecido desde la partida un plan industrializador, acordado entre CORFO y la americana, con metas y plazos definidos; lo demás son voladeros de luces que nunca se concretarán.

Chile aún no comprende que los planes de inversión de las transnacionales no coinciden nunca con los planes del país anfitrión, a menos que el país receptor los tenga y los haga valer, como acontece en Asia. Pero como Chile abandonó al Estado y junto con el Estado la planificación de mediano y largo plazo, nos encontramos en el peor de los mundos, con inversión extranjera que llega a la tierra prometida y esta tierra es primitiva y sin ley, una especie de “lejano oeste” donde manda la ley del más fuerte, que necesariamente no somos el pueblo de Chile, sino esa alianza perversa de los poderes internos y los externos, para mal de nuestra gente, que la dejan sin el único recurso que puede aliviar sus necesidades, porque  no se hará vía impuesto, ya que nuestros empresarios posmodernos se niegan a contribuir al sostén del Estado, gracias a la lógica prevaleciente del ghetto (mis obligaciones son con mis pares accionistas y con nadie más).

Esta postura minimalista de Chile respecto a la explotación  de sus riquezas (mínimo impuesto, ningún valor agregado, ningún resguardo ambiental, ningún beneficio sobre inversión para el país), asegura la llegada de inversiones, pero que dejen a Chile  en postura perdedora frente al mundo, de hecho somos parte de la OCDE, pero somos miembros colistas, es decir vamos de los últimos casi en todo, excepto en la inconsistencia de nuestras políticas, que en eso sí somos punteros e invictos.

Entonces, si no cambiamos la ley madre sobre inversiones mineras; si no cambiamos la normativa tributaria de renta efectiva a renta presunta, si no quitamos los incentivos anómalos a la inversión, entonces es mejor dejar de alentar nuevas inversiones, hasta que otra generación de políticos normalice esta descalabrada realidad, porque así como estamos, no habrá réditos para el país, no habrá industrialización ni fiscalización, fiscalización que no tiene por qué ser independiente, debe ser DEL ESTADO CHILENO, DIRECTA Y SIN INTERMEDIARIOS. Ya que pongan fiscalizadores externos habla de una debilidad enorme del Estado chileno para abordar de manera seria y directa sus intereses.

Mal por el país, mal por el pueblo, mal por  el futuro de la minería del litio.

Lloraremos, al parecer, otra Elegía.